El Poder Judicial del Perú desestimó el jueves la petición de excarcelación presentada por la defensa del expresidente Alejandro Toledo, por lo que deberá mantenerse recluido en el penal Barbadillo hasta el próximo 22 de noviembre de 2024, cuando se cumplen los 18 meses ordenados por el Juzgado para su privación de libertad.

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El abogado defensor del exmandatario, había señalado lo delicada de la salud de Toledo, por lo que solicitó ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria que se incluyan en el tiempo de reclusión los ocho meses y tres días que su cliente estuvo preso en Estados Unidos a la espera de su extradición.

“En los Estados Unidos tiene una detención con fines de extradición a partir de esta prisión preventiva ordenada en el Perú que ha durado 8 meses y 3 días, y hay un segundo momento que empieza el 21 de abril del año pasado y que computa una prisión de hoy de 10 meses, del 21 de abril al 21 de febrero”, explicó Paolo Aldea.

También, fundamentó que su solicitud tiene precedentes en que: “Los países donde se encuentran los requeridos los detienen con fines de extradición y los precedentes nos dicen que siempre se han computado la detención en otro país. Se han sumado los plazos y sobre esto se ha definido el tiempo en el que una persona debe estar detenida”, señaló.

No obstante, el Poder Judicial estimó que: “El cómputo del plazo de la prisión preventiva se realizará desde el momento de la llegada del procesado Alejandro Toledo a Perú, teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 275 numeral 1 del Código Procesal Penal; siendo así, el cómputo del plazo inicia el 23 abril 2023 y vence el 22 octubre 2024″, indicó.

Frente a esta decisión, la defensa de Toledo solicitó entonces que la reclusión sea modificada por arresto domiciliario, o cualquier otra “diferente a la detención”. Además, hizo un llamado a la embajada de EE.UU. porque “justamente el Perú se compromete ante los EE.UU. que el señor Toledo va a tener en este país un juicio justo, se va a respetar el debido proceso”.

Más adelante ahondó: «Ese compromiso internacional tiene que ser respetado. Él está hoy bajo la vigilancia, bajo la cautela del Gobierno norteamericano (…) No hay espacio para la interpretación. Se ha vencido el plazo y los fiscales del caso Lava Jato deben atender sus casos y estar pendientes a su prisión», añadió.

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